Las Diputaciones Provinciales surgieron a raíz de la división administrativa en provincias realizada en España por Javier de Burgos —el apellido no debe llamar a engaño porque don Javier era de Motril—, al ser nombrado en 1833 secretario de Estado y de Fomento General del Reino con el encargo de que se dedicase antes que todo a plantear… la división civil del territorio.

Su nombramiento se produjo el 21 de octubre y antes de que terminase el año —caso verdaderamente insólito en la historia de la administración pública— la división provincial estaba hecha. Para el gobierno de cada una de las provincias se crearon las Diputaciones Provinciales.

Al configurarse, en la década de los ochenta del pasado siglo, el sistema autonómico, se alzaron muchas voces para que las Diputaciones Provinciales, una creación del estado liberal decimonónico de estructura fuertemente centralista, desaparecieran.

No ocurrió, salvo en aquellas comunidades autónomas que eran uniprovinciales —Madrid, La Rioja, Murcia, Navarra, Asturias y Cantabria—. En el caso del País Vasco las diputaciones son forales —también en Navarra— y su sistema de organización es diferente, distintos los procedimientos electorales para su configuración y tienen mayores competencias.

También las Islas Canarias y Baleares poseen su propio sistema de Cabildos. En España hay, pues, treinta y ocho diputaciones provinciales que manejan recursos muy importantes, pese a que sus competencias de otro tiempo han sido asumidas por los gobiernos autonómicos.

Los diputados que forman sus órganos de gobierno se configuran a través de la votación que realizan los concejales, elegidos en las elecciones municipales, dentro de un determinado partido judicial. El número de diputados varía —un mínimo de 25 y un máximo de 51— en función de los habitantes que tiene la provincia.

Por el control de las Diputaciones Provinciales se libra una de las batallas más enconadas de las elecciones municipales, cuando se vota para elegir las listas de las que saldrán los concejales de los ayuntamientos, que elegirán al alcalde.

Pero el ciudadano no suele reparar en que su voto también servirá para configurar el órgano de gobierno de la Diputación Provincial. En los entresijos de los partidos, las cosas son muy diferentes. Son conscientes del enorme poder que les otorga el gobierno de la Diputación.

A ello se une que son lugares a propósito para buscar acomodo a miembros del partido que no han tenido encaje en otro sitio e incluso a alcaldes que han salido malparados de las elecciones municipales.

En Andalucía, como se señalaba días atrás en ABC, una de las grandes batallas de las elecciones municipales del próximo mayo, más allá de ver que ocurre con los ayuntamientos de las capitales de cada una de las provincias, va a librarse en torno a la Diputación Provincial de Córdoba, actualmente en manos del PSOE —11 diputados que junto con IU que suma 5 más, tienen una holgada mayoría—. El PP tiene 8, Ciudadanos 2 y Vox 1.

Las cosas pueden cambiar mucho con los resultados que se produzcan en Córdoba capital, que aporta 13 de los 27 diputados. Pedro Sánchez es hoy un lastre para las siglas socialistas, IU está en horas bajas, el PP al alza y es más que posible la desaparición de Ciudadanos. Veremos qué pasa el 28 de mayo con la Diputación Provincial.